sábado, 9 de junio de 2012

ANTECEDENTES


Ante la ocurrencia,  de los sucesos de los días 11, 12, 13 y 14 de abril de 2002, en la ciudad de Caracas; el Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela, de una manera arbitraria, ilegal, inconstitucional y violatoria de los Derechos Humanos, aparentemente realizó una apreciación selectiva de los militares activos y retirados que se oponían a la Politización de las Fuerzas Armadas y a la concentración de todos los Órganos del Poder Publico en manos del Jefe del Poder Ejecutivo.
Fue así, como escogieron un grupo de Oficiales activos y retirados, que consideraron opuestos a sus pretensiones políticas;  entre ellos me encontraba yo ; y a partir de ese momento comienza una verdadera persecución Política en mi contra, sin ningún fundamento legal.
Las circunstancias políticas antes señaladas, determinaron en la conducta de un grupo de funcionarios del Estado Venezolano, la materialización de GRAVISIMAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS, en mi contra pues, a pesar de no encontrarme en Servicio Activo, para la fecha de los supuestos hechos, teniendo la condición de CIVIL, fui sometido a un Juicio MILITAR INCONSTITUCIONAL, en represalia por mi desacuerdo político, expresado libremente a través de los medios de comunicación social, haciendo uso legitimo del derecho a  la Libertad de Expresión y de Conciencia; dentro del marco de un gobierno constitucionalmente democrático.
Las actividades Públicas y Privadas donde participé, estuvieron permanentemente ajustadas a las leyes internas y a los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Esas actividades donde participe fueron motivo suficiente para que el Ministro de la Defensa, en una clara usurpación de funciones y violación de los derechos humanos, ordenó abrirme una investigación penal militar, sin señalar el delito; por lo que interpuse una Acción de Amparo Constitucional, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que fue declarada con lugar según sentencia Nº 2928 del 21-11-2002 (expediente Nº 2002-967).
El día 9 de mayo de 2004, la opinión Publica Venezolana a través de los canales televisivos tuvo conocimiento de que en las inmediaciones de la Finca Daktari, ubicada en el municipio el Hatillo del Estado Miranda, fueron detenidos un grupo de ciudadanos de nacionalidad colombiana, uniformados, al mando de un ciudadano que se identificó como jefe del grupo, de nombre José Ernesto Ayala Amado (el único de ellos que portaba una arma corta de fuego).
Los medios televisivos señalaron y mostraron que dichos ciudadanos estaban a bordo de dos unidades de transporte tipo autobús, no portaban armamento, ni material de guerra, tampoco equipos de comunicaciones, no tenían en su poder planes, ni mapas militares, ni provisión de alimentos, ni equipos de primeros auxilios. Tampoco eran comandados por ningún oficial de la Fuerza Armada Nacional.
Desde el sitio de la detención, declaró a tempranas horas de la mañana el Ministro de la Defensa General Jorge Luís García Carneiro, quien señaló a la opinión publica que había sido abortado un plan terrorista de desestabilización; que los detenidos quedaban a la orden de la Fiscalía Militar y de las autoridades militares, y se comenzaría una investigación para descubrir quienes eran los responsables del traslado al territorio nacional de esos ciudadanos colombianos, y quienes les habían proporcionado los uniformes militares.
La ocurrencia de los supuestos hechos, referidos por el Ministro de la Defensa, sirvieron para materializar una nueva y deliberada persecución política, en mi contra, tal como en lo adelante quedará absolutamente demostrado a través de este Blog.
Actuando con la responsabilidad que me caracteriza en mi vida publica y privada, me presenté de una manera voluntaria, ante la Justicia Militar, para demostrar mi inocencia; y en lugar de ser tratado dentro del marco de una justicia imparcial, idónea, transparente, autónoma e independiente, como lo prescribe nuestro texto constitucional en su articulo 26; fui víctima de gravísimas violaciones de mis Derechos Humanos, por parte del Estado Venezolano.
La finalidad de este trabajo es presentar a la opinión pública los vicios que cometieron funcionarios inescrupulosos tanto civiles como militares todos puestos en evidencia por la confesión del autor intelectual y material, Eladio Aponte Aponte, de este caso conocido por la opinión pública como “El Caso de los Paracachitos”.
Todo lo que aquí se presenta forma parte del expediente incluyendo las declaraciones en las audiencia por parte de los acusados y testigos que participaron en ellas.